Antes de litigar un asunto mercantil hay que decidir qué hacer con él.

Puede impedir que se adopten acuerdos, pero no puede mantener el bloqueo indefinidamente. Si los órganos sociales quedan paralizados de forma que resulte imposible su funcionamiento, concurre causa legal de disolución del art. 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital, y cualquier socio puede solicitarla judicialmente. Antes de llegar ahí suelen existir vías negociadas: cláusulas de desbloqueo del pacto de socios, compraventa cruzada de participaciones o venta conjunta.

En dos escenarios distintos. Por daño causado a la sociedad, a los socios o a terceros mediante actos contrarios a la ley o a los estatutos, o incumpliendo sus deberes, conforme a los arts. 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Y, de forma solidaria con la sociedad, por las deudas sociales posteriores a la aparición de una causa de disolución si no convoca junta en el plazo de dos meses, según el art. 367 del mismo texto. La acción de responsabilidad prescribe a los cuatro años desde que pudo ejercitarse, según el art. 241 bis.

La que las partes hayan pactado, en virtud del principio de autonomía de la voluntad del Reglamento (CE) 593/2008, «Roma I». Si no se pactó nada, el Reglamento fija criterios supletorios según el tipo de contrato. En compraventas internacionales de mercaderías entre empresas de Estados parte se aplica además, salvo exclusión expresa, la Convención de Viena de 1980. La cláusula de sumisión a tribunales se rige por el Reglamento (UE) 1215/2012.

Depende del tipo de asunto. El asesoramiento y la redacción de contratos suelen minutarse por hora o por precio cerrado por documento. Las operaciones societarias se presupuestan por proyecto según su complejidad. Los procedimientos judiciales se minutan por fases. Aparte quedan siempre los gastos de notaría, registro, tasas y procurador, que no forman parte de los honorarios del abogado. Le damos presupuesto por escrito antes de aceptar el encargo.